• Los municipios tienen responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y están facultados para normar, gestionar e imponer sanciones

Jorge Vázquez Pacheco

 Tania Reyes Olivera participó en el simposio “Retos de gestión y políticas públicas municipales en materia ambiental”.

En el simposio “Retos de gestión y políticas públicas municipales en materia ambiental”, coordinado por el cuerpo académico Gestión y Políticas Públicas Ambientales de la Universidad Veracruzana (UV), se realizó la mesa de análisis en torno a las posibles soluciones a la contaminación en el medio ambiente por parte de los ayuntamientos y quedó confirmado que de los 212 municipios veracruzanos, Teocelo cuenta con el mejor y más eficiente reglamento en esta materia.

El evento se llevó a cabo en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) y fue inaugurado por Jorge Manzo D’Nes, secretario técnico en la Secretaría Académica de la UV, en representación de su titular, Porfirio Carrillo Castilla. Las participaciones de los especialistas fueron moderadas por Manlio Fabio Casarín León, director de la Facultad de Derecho de la UV.

En su intervención, la académica de la Facultad de Ciencias Químicas, Tania García López, indicó que las ciudades de Puebla o Monterrey no enfrentan la misma problemática que Teocelo, pero cada uno de sus gobiernos tiene una enorme cantidad de facultades legales –al igual que el gobierno estatal y el federal– para hacer cumplir la legislación en torno del cuidado del medio ambiente.

Desde luego que casi todos se ven rebasados por las múltiples demandas ciudadanas, y cada una de las problemáticas presentan sus propias particularidades.

“Si hablamos de facultades, también debemos referirnos a la obligación de regular en materia ambiental. El municipio tiene facultades normativas, en este sentido puede regular para elaborar políticas ambientales propias, atender recursos, gestión de vigilancia, imponer sanciones.”

Alfonso Reyes Olivera, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, concluyó que el cambio climático es quizás uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en toda su historia y que si no se adoptan medidas enérgicas y efectivas para reducir la emisión de contaminantes de todo tipo, “el mundo entero habrá de enfrentar daños potenciales gravísimos”.

Añadió que enfrentar las tareas de mitigación y adaptación “acarrea diversos beneficios, además de los correlativos al cambio climático como la seguridad energética, procesos productivos más limpios, eficientes y competitivos, mejoría en la calidad de aire y conservación de los recursos naturales, entre otros”.

Por su parte, Juan Carlos Olivo Escudero, doctor en Ciencias Ambientales y adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente en Veracruz, hizo una reseña histórica de la legislación ambiental en México, cuyas primeras normas datan de 1971.

Indicó que no existen estudios de impacto ambiental para los estados y municipios, pero esto no significa que las respectivas autoridades deban desentenderse de esta cuestión; por el contrario, se debe contar con disposiciones normativas y reglamentarias generales que protejan el entorno y los municipios “deben incluir mecanismos para prevenir, mitigar, reducir o evitar los impactos ambientales en los procesos de emisión de licencias de construcción y uso de suelo”.

Concluyó que esta protección es asunto en que deben concurrir y coincidir los diferentes niveles de gobierno, y las administraciones estatales y municipales están facultadas para manifestar a la autoridad ambiental federal “lo que a su derecho convenga”. En última instancia, las autoridades locales tienen a la mano el procedimiento de reunión y consulta pública que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contempla en su artículo 34.

El evento fue realizado por el cuerpo académico Gestión y Polítias Públicas Ambientales de la UV.